... y con el mazo dando

Muchas veces desde las ONG se denuncia que, con muchos menos medios, se está obligado a presentar información o alternativas sobre políticas públicas que deberían haber correspondido a la propia Administración. Normalmente se dan en contextos de denuncia o de demanda sobre la eficacia real de esas políticas.

Sin embargo, la otra cara de la moneda es la cercanía con la realidad social que, en la mayoría de los casos, se tiene desde las organizaciones. Conocer de primera mano la realidad, junto a un conocimiento adecuado de las dinámicas públicas, constituye una buena oportunidad para proponer soluciones con un corte de legitimidad e innovación que muchas veces no se puede lograr desde otros puntos.

Este paso de la protesta a la propuesta no constituye necesariamente una pérdida de principios (aunque en ocasiones suponga entrar en marcos de negociación estrictamente políticos), y puede facilitar el encuentro y las soluciones de compromiso entre la sociedad civil y las Administraciones Públicas.

Eso sí, os recomendamos que os esmeréis en ese conocimiento de cómo funciona la Administración. Para ello, una lectura: la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común (LRJ/PAC ó Ley 30/92), que es la que rige los trámites administrativos y que podéis descargar aquí.